Estudio analiza la respuesta en salud de los países miembros del Proceso de Quito durante la pandemia del COVID-19
¿Cómo fue el acceso a la salud de las personas refugiadas y migrantes en los países miembros del Proceso de Quito en América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19? ¿Cómo reaccionaron ante diferentes necesidades de salud en un momento coyuntural?
Por Ana Gama
Estas fueron algunas de las preguntas orientadoras del estudio “Acceso a la salud de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en los estados miembros del Proceso de Quito, durante la pandemia del COVID-19”, realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial para la Salud (OPS/OMS), con el apoyo de las Operaciones Europeas de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO).
El 27 de octubre de 2022 se llevó a cabo el webinario de lanzamiento del estudio que analizó los servicios de salud ofrecidos a las personas migrantes y refugiadas venezolanas durante la pandemia del COVID-19 en los Estados Miembros del Proceso de Quito. 85 participantes del webinario de lanzamiento pudieron conocer los resultados del estudio, que contó con la respuesta de 10 países miembros del Proceso de Quito1. El estudio fue presentado por primera vez durante la sesión plenaria del Capítulo de Brasilia, en junio de 2022.
El webinario de lanzamiento también contó con una apertura a cargo de la PPT brasileña, la OIM y ECHO, además de una presentación sobre el panorama de salud de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en la región y en la lucha contra el COVID-19, a cargo de la OPS/OMS. ACNUR presento el análisis de las necesidades de salud de las personas refugiadas y migrantes realizado por la plataforma R4V.
Un aspecto crucial en el flujo migratorio mixto de personas refugiadas y migrantes venezolanas son las diversas vulnerabilidades que enfrenta esta población. En particular, las condiciones del proceso migratorio pueden aumentar las vulnerabilidades y generar impactos negativos en la salud, ya que la migración es un determinante social de la salud.
En el webinario, los expositores destacaron cómo los Estados brindaron una respuesta y un modelo muy interesante a nivel internacional de inclusión en salud, tanto en los procesos de vacunación como en el apoyo psicosocial a la población refugiada migrante venezolana, independientemente de su condición migratoria regular o irregular, ya que algunos países han adaptado sus leyes para incluir a la población irregular.
En general, los 10 países respondieron que la hospitalización para el tratamiento de la COVID-19 y la vacunación contra la COVID-19 eran gratuitas y asequibles, independientemente del estatus migratorio, regular o irregular.
Además, 9 países respondieron que el acceso a los exámenes y consultas médicas de COVID-19 era gratuito y accesible sin importar el estatus migratorio, regular o irregular. Entonces hubo una ampliación de la cobertura de salud y la región caminó unida. En un momento de pandemia, quienes no garantizaron los servicios de salud ampliaron el acceso a la salud de las personas migrantes y refugiadas.
Este fue el caso de la buena práctica presentada por Perú, que realizó cambios ad hoc en su normativa y políticas públicas de salud para incluir a la población migrante y refugiada venezolana en sus sistemas de salud, destacando la vulnerabilidad de esta población y la urgencia de garantizar su acceso a la salud durante la pandemia de COVID-19 en sus sistemas de salud, destacando la vulnerabilidad de esta población y la urgencia de garantizar su acceso salud durante la pandemia de COVID-19.
1 De los 13 países miembros del proceso de quito, 10 respondieron el cuestionario para participar en el estudio: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, República Dominicana, Perú y Uruguay.