Educación
EDUCACIÓN
En los últimos años, el aumento sustantivo del desplazamiento intrarregional, la progresiva transformación de la procedencia de la población en ese contexto y la presencia de flujos masivos han supuesto importantes desafíos para los Estados. Países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia y Perú se han consolidado como destinos de los flujos migratorios intrarregionales. Estos se consolidan como destinos de la migración intrarregional, incluida la migración venezolana.
Los desafíos son múltiples, muchos de ellos relacionados con establecer las maneras en que las personas refugiadas, migrantes, solicitantes de asilo y retornadas pueden ejercer sus derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a la educación. En un contexto de crisis sociosanitaria como el que la región enfrenta con la pandemia por COVID-19, las vulnerabilidades propias de los procesos de desplazamiento transfronterizo se profundizan.
Dentro de las múltiples necesidades de protección de las personas en contexto de movilidad humana, la educación emerge como la herramienta capaz de promover y proteger la dignidad humana, gracias a su capacidad de garantizar otros derechos y de constituirse, por tanto, en un derecho multiplicador.
La cualidad multiplicadora del derecho a la educación se evidencia al ver cómo se convierte en una llave de acceso a la inclusión social, así como a la oportunidad de convertirse en miembros de pleno derecho en las sociedades de acogida. Asimismo, constituye un factor que protege de las vulneraciones de derechos que acompañan muchos procesos de desplazamiento, como el trabajo infantil, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, o la explotación laboral en el caso de las y los adultos. Sin embargo, esto solo es posible cuando el derecho a la educación es garantizado en los sistemas políticos, jurídicos y sociales.
Considerando el principio de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030, así como la necesidad de garantizar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, la UNESCO se encuentra implementando la Estrategia Regional de Respuesta de la UNESCO a la situación de personas en contexto de movilidad en América Latina y el Caribe 2019-2021.
En ella, la UNESCO se ha propuesto apoyar a los Ministerios de Educación para garantizar el derecho a la educación de las personas en contexto de desplazamiento, priorizando el abordaje de obstáculos relacionados al acceso a los sistemas educativos, a los sistemas de planificación educativa en contextos de desplazamiento, a la gestión de los sistemas de admisión, a la inclusión educativa y social de las personas en contexto de desplazamiento y al reconocimiento de estudios y competencias que les permitan continuar sus estudios y desempeñarse en su áreas ocupacionales.
En la Declaración Conjunta del Capítulo VI del Proceso de Quito se hizo un llamado a la importancia de la educación como un rol integrador para las familias migrantes y refugiadas, y a su relevancia como un derecho fundamental de las familias. También se recalcó la importancia de los elementos normativos de conexión entre política educativa y migratoria, y cómo estos ámbitos deben dialogar a nivel regional.
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