VIH-SIDA
VIH- SIDA
La enorme movilización de ciudadanos procedentes de Venezuela ha tenido consecuencias en la protección social dentro de los países de Latinoamérica y en las comunidades de acogida, dado que ya existían en la región brechas de atención y cobertura de salud. Sin embargo, actuaciones oportunas y determinadas pueden ayudar a fortalecer los sistemas de salud y aumentar su efectividad, beneficiando con ello a las comunidades de acogida y a las propias personas refugiadas y migrantes.
Uno de los aspectos que pueden atenderse de manera rápida y con presupuestos manejables para los Estados es, justamente, el acceso a la prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH, evitando de esta manera mayores costos en el largo plazo y disminuyendo la idea errónea de que los refugiados y migrantes generan o aumentan la prevalencia de enfermedades
Ofrecer atención oportuna a las personas refugiadas y migrantes que viven con VIH incide en el control de la epidemia a nivel regional, favorece la integración social y cultural, además de fortalecer las capacidades institucionales en los países de acogida.
ONUSIDA y OPS consideran oportuno retomar los distintos lineamientos que han sido emitidos en contextos humanitarios o de desplazamiento, y que están especialmente enfocados en los grupos de personas que viven con VIH o en aquellos grupos que tienen mayor vulnerabilidad ante la epidemia, como la comunidad LGBTI, los trabajadores sexuales, mujeres, adolescentes y jóvenes.
En el caso de las personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela, tenemos una situación especialmente compleja porque en la misma confluyen situaciones humanitarias, generadas por las circunstancias socioeconómicas, de salud y de derechos humanos que movilizan a estas personas fuera de Venezuela, así como las complejidades propias del proceso migratorio que, por sus dimensiones, está afectando las posibilidades de generar respuestas oportunas desde las instituciones estatales, las ONG y la cooperación internacional.
ONUSIDA y OPS se han propuesto trabajar articuladamente con los gobiernos para generar una respuesta efectiva al VIH, la cual debe ser revisada en función de los desafíos del contexto actual, y que contribuiría a solucionar uno de los múltiples problemas de salud que deben atender los entes estatales en los países de acogida. Todo ello, para evitar que las personas refugiadas y migrantes que viven con VIH pueden encontrarse con limitaciones físicas, culturales y sociales que les impidan el acceso a los servicios de salud o al apoyo al que tienen derecho, incluyendo la atención por COVID-19.
En el Capítulo VI de Santiago, se generó un enfoque de derechos como línea de acción, con la intención de observar las realidades regionales y contemplar el ámbito transfronterizo como un escenario de trabajo y atención. A partir de la Declaración Conjunta, ONUSIDA colabora con una matriz sencilla con base en temas que ya desde la V Ronda de Bogotá se establecieron necesarios, apoyado en el rol de la sociedad civil en tareas que beneficien a las personas refugiadas y migrantes.
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